Los sectores productivos trabajan en la integración Mercosur

La implementación -el pasado 1 de mayo- del capítulo comercial del acuerdo Mercosur-Unión Europea, justificaría medidas mancomunadas, como la protección de sus sectores sensibles, que no se producen a nivel institucional.

Las organizaciones del sector privado intentan avanzar en este sentido, en soledad, como en el caso argentino, o acompañadas por el gobierno, como es el caso de Brasil.

En una reciente reunión -la segunda edición del Cambras Business Day- organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino-Brasileña-, se alcanzaron algunos acuerdos sectoriales, entre los que se encuentra la propuesta de creación de un centro de desarrollo de agronegocios extensivos Argentina/ Brasil con proyección global, que podría convertir a la región en una potencia exportadora global.

Tres referentes del sector participaron a principios de junio, en paneles que tuvieron como eje la alianza estratégica entre Argentina y Brasil, con la consiguiente idea de salir de la lógica de competidores en commodities a la de socios estratégicos con capacidades diferenciadas.

Mariano Bosch (Adecoagro), Ignacio Bartolomé (GDM Seeds) y Delfín Uranga (SiloReal) expusieron ante 200 empresarios en el MALBA, sobre complementariedad productiva y los desafíos regulatorios que frenan el potencial del sector agroindustrial.

Bajo el lema “Hacia la nueva dinámica de negocios”, el panel de agroindustria profundizó en los ejes concretos que pueden convertir a la región en una potencia exportadora global.

En ese sentido, Bartolomé señaló que “Brasil ofrece un modelo de desarrollo sistémico -con inversión en infraestructura, demanda interna de etanol y federalismo productivo que pobló el interior del país- mientras que Argentina aporta una cultura de innovación y mayor propensión a romper moldes, algo que el propio mercado brasileño podría aprovechar”, según señala la publicación Infocampo.

“La convergencia entre análisis genómico de bajo costo, mayor capacidad de cómputo y herramientas de robótica está comprimiendo los ciclos de desarrollo de variedades vegetales de 8-12 años a 2-4, con impacto directo en la productividad del campo”, destacó Ignacio Bartolomé. Al tiempo que advirtió que “Argentina corre el riesgo de quedar rezagada si no actualiza el marco de propiedad intelectual para el sector, tema en el que está trabajando Brasil”.

La dimensión financiera fue abordada por Uranga, quien señaló, según la misma publicación, que “Brasil lleva ventaja en la integración de activos físicos con mercados digitales y blockchain, y que esa infraestructura podría volcarse al mercado argentino para potenciar el financiamiento del agro”.

La creciente tensión tecnológica entre Estados Unidos y China abre una oportunidad para que la región, que hoy cuenta con un escenario libre de conflictos bélicos, se transforme en un nodo estratégico para el comercio internacional. En ese sentido, Bartolomé llamó a construir desde Argentina y Brasil un “centro de desarrollo de agronegocios extensivos con proyección global".

El sector industrial

En esta área, el Consejo Industrial del MERCOSUR, conformado por la Confederación Nacional de la Industria de Brasil (CNI), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), trabajó en colaboración con BusinessEurope, sobre la propuesta de creación de un comité del sector privado para supervisar y apoyar la implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

La CNI percibe el acuerdo como una gran oportunidad, respaldada por políticas públicas tendientes a mejorar su competitividad, a lo que se agrega el acuerdo de exportación de tecnología informática brasileña, lograda por la gestión del gobierno de Lula en las reuniones extra G7 con sus pares europeos.

Para el sector industrial argentino el panorama es diferente.

En una encuesta producida por el CEU de la entidad, se reportaron caídas en la actividad industrial, en desmedro especialmente de la industria relacionada con el consumo del mercado interno, castigado por el aumento de precios alimentarios, de servicios, de locaciones, como parte de la política de ajuste fiscal y la liberación de importaciones de la administración de Javier Milei.
El sector de PyMI (Pequeñas y Medianas Industrias) presenta aún mayores dificultades, con cierre de empresas y deterioro grave de los indicadores de desempeño industrial . En este sentido, la UIA reclama “el fomento del crédito productivo a través de una baja en las tasas y la adopción de medidas de política económica orientadas a reactivar el consumo”.

El debate sobre el Super RIGI

El lanzamiento del régimen de inversiones para grandes empresas extranjeras, expuso la disparidad de beneficios para el inversor extranjero que ingresa al régimen, y la industria local, actualmente en crisis , que opera bajo un sistema de escaso financiamiento, presión fiscal más elevada que las megaempresas beneficiadas por el RIGI. El nuevo inversor accede a un sistema de estabilidad tributaria por treinta años, importaciones sin aranceles y un marco regulatorio previsible.

En este sentido, la Unión Industrial Argentina (UIA), presentó una propuesta ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, que se basó en los casos identificados hasta el momento en los proyectos RIGI. La UIA propone la inclusión de una cláusula a la Ley Super RIGI, que incorpore mecanismos que favorezcan una mayor participación de proveedores de bienes nacionales. En concreto, la entidad propone “replicar el porcentaje mínimo de inversión obligatorio del 20% del RIGI con aplicación exclusiva para bienes con valor agregado local, de modo de priorizar a los proveedores de bienes transables”.

Además, la UIA sugiere “la adopción de esquemas de integración progresiva que permitan ampliar la participación de la oferta local a medida que los proyectos avancen en sus etapas de inversión y operación”. La entidad también propone que se establezcan “reglas claras con el sector privado para que se verifique si existen proveedores locales” que se encuentren disponibles y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad.

Durante la exposición, se presentó un informe sobre la carga fiscal que enfrenta la producción formal, en el que se analizan los principales desafíos que afectan la competitividad de las empresas industriales, entre las que “hay miles de pymes en riesgo debido a los costos que deben afrontar en impuestos y tasas municipales", alertaron.

En este sentido, países de la región como Brasil, Chile, Perú y Uruguay administran cargas tributarias que se ubican entre veinte y treinta puntos por debajo de las que enfrenta la producción formal argentina. En esos países, la banca de desarrollo financia proyectos industriales con tasas que permiten planificar inversiones y sostener el capital de trabajo. En Argentina, en cambio, los créditos incorporan impuestos provinciales y municipales que agregan un sobrecosto cercano al veinte por ciento, incluso en operaciones de refinanciación.

“Si Argentina necesita regímenes de excepción para atraer inversiones, el desafío no está en los regímenes, sino en las condiciones generales bajo las cuales opera el conjunto de la industria”, afirmó el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en una reunión de la Junta Directiva.

Por último, la UIA comunicó que continuará avanzando en una agenda orientada a eliminar o reducir impuestos, simplificar regulaciones y promover condiciones más favorables para la inversión y la generación de empleo. La industria provee nada menos que el 27% de la masa tributaria que el estado recauda cada año.