Seguridad económica sustentable

Los encuentros y reuniones de trabajo entre funcionarios de nuestros Ministerios de defensa y entre oficiales de nuestras Fuerzas Armadas en todos los niveles, son cada día más frecuentes, así como los ejercicios conjuntos, las medidas de fomento de la confianza y las acciones concretas de cooperación. Hay transparencia, intercambio y colaboración donde antes había reservas, resquemores y rivalidades. Y esto no es decir poco en favor de la personalidad político-militar de nuestra región.

Hacer política de la geografía es una visión napoleónica que sigue más vigente que nunca. Como lo vemos en el Brasil, el uso del término Sudamérica o más bien su revalidación –puesto que el concepto mismo es muy anterior al de Latinoamérica en la invención o la contribución francesa del siglo XIX– no tiene como objetivo la exclusión de nadie. La identidad latinoamericana de Brasil histórica y cultural está consagrada en nuestra Constitución. La valoramos como siempre y seguiremos aportando nuestra decidida contribución a los esfuerzos de integración con los hermanos de México, de Centroamérica y del Caribe. Sin embargo, América del Sur es un espacio geográfico más homogéneo donde la cohesión es claramente perceptible tanto en términos críticos como en la dimensión histórica. Nosotros conformamos un espacio político y estratégico que salta a la vista con sólo mirar el mapa-mundi.

La paz que predomina en las Américas no nos hace olvidar las nuevas amenazas presentes en el escenario internacional y en especial los peligros de origen externo de carácter transfronterizo. Es natural y necesario por lo tanto que se mantenga el derecho soberano de cada estado de identificar sus prioridades nacionales de seguridad y defensa. Nuestros países y los demás miembros del grupo ALADI han defendido la posición de que la actividad-fin de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y de la integridad territorial. Les compete a las fuerzas policiales y a los organismos de inteligencia de cada país trabajar para prevenir y combatir el crimen organizado trasnacional y el terrorismo, teniendo como base la cooperación y el intercambio de datos de inteligencia.

La extensión de la injerencia de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es como se sabe, un asunto extremadamente controvertido. Las opiniones varían desde la postura de total abstención de las Fuerzas Armadas, hasta la defensa de su intervención más directa en el combate a las actividades criminales, pasando por la posición intermedia observada por el Brasil donde las Fuerzas Armadas por determinación legal, desempeñan exclusivamente tareas de apoyo a las fuerzas policiales. Es un hecho sabido que para dar cumplimento a su misión específica, las Fuerzas Armadas son preparadas y adiestradas para un tipo de acción diferente al del patrullamiento policial y a la confrontación directa con criminales, funciones estas que requieren una capacitación y un entrenamiento diferentes. Aún para cumplir su obligación constitucional de garantizar la ley y el orden, es preciso que las Fuerzas Armadas estén adecuadamente preparadas. Es decir, que hayan desarrollado el planeamiento y el entrenamiento hacia un tipo de actuación precisa con la iniciativa de escoger la oportunidad del embate.

También teniendo como base la cooperación y el intercambio de datos de inteligencia, participamos en la lucha contra el terrorismo que debe pautarse por la estricta observancia del derecho internacional, especialmente el derecho humanitario, los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. Entendemos también que el combate al terrorismo para ser efectivo, debe trascender los aspectos meramente represivos teniendo en cuenta ciertas situaciones de exclusión e injusticia que alimentan pero de ninguna forma justifican actitudes extremistas.

Apoyamos los trabajos de las instancias internacionales, regionales, dedicadas al combate del terrorismo. De la misma forma hemos procurado fortalecer la cooperación con las naciones vecinas y otros países interesados con los cuales hemos desarrollado actividades de naturaleza preventiva. La cooperación entre Argentina, Brasil y Paraguay en lo que respecta a la Triple Frontera, constituye un ejemplo de los éxitos que el trabajo conjunto podrá ofrecer. Esta región ha recibido un acompañamiento específico en función de las manifestaciones de inquietud con la posible presencia en el área de personas ligadas a actividades terroristas. Se fortaleció el comando tripartito para combatir las actividades ilícitas que podrían potenciar actividades sospechosas. Por otro lado, nuestros servicios de inteligencia han trabajado sin detectar ningún problema concreto. Hoy se reconoce que la región no posee actividades operativas relacionadas al terrorismo internacional. Aún así, es preciso admitir que el énfasis en el combate al terrorismo ha producido una tendencia creciente a considerar a los problemas sociales y políticos de la región bajo la óptica de la seguridad.

Conviene recordar que la extrema pobreza y la exclusión social de amplios sectores de la población están afectando la estabilidad y la democracia, provocando la erosión de la cohesión social y debilitando la seguridad de los Estados. Además ha surgido cierta confusión en los conceptos de defensa y seguridad que se refleja en la práctica al considerar erróneamente al terrorismo, al narcotráfico, el crimen organizado y el tráfico de armas como aspectos del mismo problema. En verdad esos delitos obedecen a condicionantes distintos, exigiendo por lo tanto, diferentes instrumentos para combatirlos. Según lo señalado por la delegación brasileña en la Sexta Conferencia de Ministros de Defensa de Las Américas en noviembre de 2004, es necesario tener presente que no existe seguridad política sin seguridad económica. Y no existe seguridad económica sustentable, sin justicia social. Creo que este es el mayor desafío de nuestra subregión y lo que debería orientar todos nuestros esfuerzos.