Presionar por una política común de medio ambiente

En esos momentos ciudadanos argentinos, residentes de Gualeguaychú, mantenían cortada la frontera entre ambos países, con el apoyo del Gobierno de Entre Ríos y la pasividad total del Gobierno nacional.

Están justificadas esas reacciones?

En 1975 Argentina y Uruguay firmaron el Estatuto del Río Uruguay, incorporado a nuestra legislación como ley 21.413, en cuyo marco se crea la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por dos comisiones formadas por cinco representantes de cada país, los presidentes de las cuales se alternan anualmente en la presidencia de aquélla; la Comisión se reúne mensualmente, trabaja dividida en una decena de subcomisiones, y su sede está en la ciudad oriental de Paysandú, escenario de la resistencia heroica de Leandro Gómez y sus hombres, entre los que no faltaron los argentinos.

En octubre de 1998 el Embajador, de carrera, Julio César Carasales, ex Embajador ante la Organización de Estados Americanos, ex Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación y, en ese momento, Presidente desde 1987 de la Delegación argentina ante la CARU, en el Cuaderno nro. 7 de la Serie Divulgación publicada por esa Comisión, tras describir la extensa tarea que ella realiza, pues abarca desde la navegabilidad del río, su población ictícola, su entorno ambiental y el cuidado del agua contaminada por los desechos de las poblaciones ribereñas, hasta la administración de los puentes que unen a ambos países, hace una afirmación sobre la que quiero poner el acento:

“La CARU es, en síntesis, el órgano apropiado para que la República Argentina y la República Oriental del Uruguay canalicen, por su intermedio, todas las informaciones, consultas, preocupaciones e inquietudes que deseen comunicarse y tratar referentes al río que los separa pero que a la vez los une”.

Queda perfectamente claro que cualquiera de los dos países tenía allí el instrumento para plantear las cuestiones que considerase de su interés, en cualquier momento, y esto viene a cuento por las expresiones del señor Canciller argentino.

En 1986 el gobierno uruguayo, durante la Presidencia de Julio María Sanguinetti, pone en marcha un plan de inversiones, apoyado por exenciones impositivas y subsidios, para plantaciones exclusivamente de eucaliptus, árboles utilizados en todo el mundo para la producción de pasta de celulosa. Muchos argentinos recordarán aún la publicidad en diarios y televisión que incitaba a invertir en forestación en el Uruguay, muchos también invirtieron allí, y me resisto a imaginar que lo hiciesen sin que las empresas promotoras les hayan anticipado el mercado seguro que esas plantas tendrían.

El resultado fue la implantación de 71.000 hectáreas en el Departamento de Río Negro y 50.000 hectáreas en el Departamento de Soriano, costeros del Río Uruguay, que no han podido pasar desapercibidas, y mucho menos a los pobladores entrerrianos.

Ningún órgano del gobierno argentino hizo, en todos estos años, observación alguna sobre lo que ocurría, quizá porque simultáneamente florecían en nuestro mesopotamia más de una decena de fábricas de pasta de celulosa altamente contaminantes.

No conozco si las advirtió Greenpeace, con sus publicitadas investigaciones satelitales y la información internacional que maneja; sin embargo, tuvo lamentablemente que llegar a las exhibiciones televisivas de arriesgados ecologistas extranjeros, que el Presidente Vázquez se vio obligado a repudiar como “patoteros”.

Sólo hubo movimientos más o menos recientes de pobladores lúcidos de las dos orillas, enfrentados en Uruguay por los desesperados que ven en esas plantas esperanza de trabajo.

Porque el gobierno Vázquez, como los de Argentina que sucedieron a Menem, recibió las fábricas de pasta de celulosa con el resto de las consecuencias de la política disfrazada de doctrina económica, que constituyó en realidad en endeudar nuestros países y dar patente de corso a cualquiera, con la población por rehén. Esas consecuencias son desocupación, pobreza, hambre, y exilio.

En el diario El Argentino, de Gualeguaychú, Entre Ríos, el 31 de octubre de 2002, se anuncia que el día anterior los municipios argentinos de Monte Caseros, Chajarí, Federación, Concordia, San José, Colón, Concepción del Uruguay, y Gualeguaychú, y sus pares uruguayos de Paysandú, Salto, Río Negro, Colonia, Artigas y Soriano, conjuntamente con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), habían firmado en Paysandú el "Plan de protección ambiental del río Uruguay", a fin de articular una política ambiental que permita el desarrollo sustentable de cada comunidad.

Ese plan de protección ambiental emanaba del Convenio Marco suscripto el 18 de agosto de 2001, afirmándose que se lo hacía con una visión definida en el desarrollo futuro de la región, para brindar un marco práctico a la toma de decisiones respecto de actividades que afecten potencialmente el ambiente natural del río Uruguay y sus recursos.

Mediante el acuerdo también se implementa un Sistema de Voluntariado. Las áreas en las que se trabajará son: Contaminación costera, Recursos pesqueros, Recreación y Turismo, Afectación de áreas costeras, Corredor ecológico, Fortalecimiento institucional, e Información ambiental.

El presidente municipal de Gualeguaychú, Emilio Martínez Garbino fue acompañado por el responsable del Programa de la Cuenca del Río Uruguay, José Ingold, siendo presidente de la CARU Walter Belvisi, de Uruguay, quien reconoció que las principales cualidades del río Uruguay no pueden ser protegidas efectivamente por esa entidad, si previamente no cuenta con un decidido apoyo de la comunidad, los municipios de la cuenca y los organismos gubernamentales y no gubernamentales vinculados a la región.

Ese Plan fue declarado de interés parlamentario en la Argentina por la Cámara de Diputados de la Nación dos años después de su firma, el 7 de octubre de 2004, en el Orden del Día 1216.

No es fácil admitir que nadie, ni los entrerrianos, ni los miembros de la CARU, ni el gobierno argentino, conociesen los proyectos uruguayos.

El no a las represas

Más aún, un año después de aquel Plan y dos del Convenio Marco del 2001, el Senado de la Provincia de Entre Ríos (según El Diario, de Paraná del 19 de septiembre de 2003, cuyo artículo reproduzco a continuación) menciona la instalación de una planta de celulosa en Uruguay, y lo hace al aprobar una resolución de rechazo, pero rechaza no esa planta, sino la posible construcción de un embalse en el Río Uruguay, aguas abajo de Salto Grande.

“Técnicos extranjeros – dice el diario - estarían estudiando esa alternativa (la represa) vinculada a la instalación de una planta de celulosa a ocho kilómetros de Fray Bentos, en Uruguay. También Diputados de la Nación solicitaron al Gobierno del vecino país que extreme las medidas para evitar consecuencias no deseadas”.

“Entre Ríos sí, entre represas no”, fue el slogan para impedir la construcción de la represa del Paraná Medio. Hoy parece tomar fuerza esa misma consigna. Entidades ambientalistas de la provincia denunciaron que existirían en danza tres proyectos para retomar la vieja discusión de levantar sobre el río Uruguay un embalse hidroeléctrico.”

“Las sospechas se generaron a raíz de los estudios de prefactibilidad que están realizando un grupo de técnicos especialistas en Pepeají (cerca de Gualeguaychú), según reconocieron los propios directivos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en reuniones mantenidas con la Red de entidades ecologistas de Argentina y el Uruguay. Incluso trascendió que esos trabajos están financiados por la Comunidad Europea.”

“Fue así que la Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó en la sesión del miércoles a la noche un proyecto de comunicación rechazando cualquier posibilidad de avance de iniciativas de estas características en el territorio entrerriano.”

“El pedido fue presentado por el senador Pedro Moix, quien recordó en sus fundamentos que en Federación todavía están las heridas que dejó la construcción de la represa de Salto Grande. “Este pueblo ha sufrido en carne propia las consecuencias negativas de las obras de este tipo, dado que aún hoy, a un cuarto de siglo de su construcción la región reclama por obras inconclusas o resarcimientos históricos a ribereños de la presa de Salto Grande”.

“El legislador recordó que “la Ley 9.092, por otro lado, declara a los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguaychú libres de nuevas obras de represamiento, preservando el medio ambiente y otros cursos de agua como bienes y recursos naturales de especial interés para su cuidado, conservación y aprovechamiento sostenible.”

“Moix advirtió a quienes promueven proyectos de esta índole que “es voluntad política de la Cámara de Senadores no avanzar en ninguna norma de excepción o que modifique la ley vigente”.

“Por ahora las entidades aplauden las iniciativas surgidas en la Legislatura entrerriana, pero también cuestionan el silencio de los organismos competentes del Gobierno provincial para pedir explicaciones no sólo al Gobierno Nacional sino también a la Cancillería.”

“Lo que nosotros sabemos, por contactos con la CARU, es que hay un estudio de prefactibilidad que están haciendo, muy cerca de Gualeguaychú, para la posible construcción de una represa. Los trabajos se están realizando en el río Uruguay casi en la misma zona donde se instalaría la planta de pasta celulosa en Fray Bentos”, reconoció Alberto Kippen del Foro Ecologista de Paraná.”

“Pese a los reclamos efectuados por las ONG tanto de la Argentina como de la República Oriental del Uruguay (ROU), las autoridades de la CARU se están tomando su tiempo para responder “quiénes, cómo, cuando y por qué” esos técnicos están realizando el análisis en el río Uruguay. Lentos para dar una respuesta, pero para nada perezosos para autorizar el estudio.”

“Pese a la legislación, existe una gran ausencia institucional en la provincia en todos estos problemas que se presentan”, cuestionó Kippen.”

“El ecologista también recordó que no hace mucho la Comisión Administradora de los Fondos de Salto Grande (Cafesg) había propuesto la construcción de un dique compensador aguas abajo de la represa de Salto Grande. “Es un avance importante haber sancionado una ley en la provincia, pero con los estudios que se están encarando la situación no deja de ser alarmante”.

“Aunque todavía falta conocer el resultado del informe sobre la prefactibilidad del río Uruguay, los ambientalistas no descartan que construir una represa en esa zona provocaría la inundación de una parte del Palmar de Colón y las reservas naturales que existen en esa zona, entre otras.”

“En tanto, se conoció ayer que la Cámara de Diputados de la Nación solicitó al Poder Ejecutivo y a la CARU que adopten las medidas tendientes a evitar que el Gobierno uruguayo permita la instalación de una planta celulosa y chipiadora sin la correspondiente planta purificadora de efluentes, puesto que provocaría el derrame de las aguas residuales sin tratamiento alguno, actividad nociva para el medio ambiente.”

“La planta estaría instalada en la localidad de M’Bopicuá, a ocho kilómetros de la ciudad de Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay (ROU).”

“El legislador entrerriano Guillermo Corfield, autor del pedido, sostuvo que “el motivo de la presentación de este proyecto ha sido la preocupación de preservar el medio ambiente sobre el río Uruguay e instamos a que el gobierno del país hermano comparta junto a este Parlamento la misma preocupación”.

Tenemos entonces que en 2003 el Senado de Entre Ríos no se oponía a la instalación de la fábrica de pasta de celulosa, y que la Cámara de Diputados de la Nación no sólo conocía lo que estaba ocurriendo – cualquiera fuese la vía por la que lo supo – sino que únicamente exigía que tuviese “planta purificadora de efluentes” para que no se derramen “las aguas residuales sin tratamiento alguno”.

Al respecto conviene recordar que la fábrica de Botnia tiene diez meses de iniciada la construcción, y la de Ence aún menos.

Hoy, la situación de las fábricas de pasta de celulosa aparece con todos los ingredientes de un hecho sin retroceso, pero que, sin embargo, puede ser modificado de manera positiva.

Con los antecedentes nacionales y regionales Argentina no tiene posibilidad de éxito ante la Corte de La Haya; pero debe sí tomar la iniciativa de participar en el control de la contaminación que le da el Estatuto del Río Uruguay y, en el marco del Mercosur, debe apoyar al gobierno uruguayo presionándolo (aunque parezca una contradicción), como también a los de Brasil y Paraguay, para que sea la región la que adopte una política común de saneamiento del medio ambiente.

Claro está que deberán “caer en la volteada” no sólo las fábricas de pasta instalándose y futuras, sino también las actuales, y las minas de oro y otros metales que están devastando nuestra geografía, nuestros recursos renovables, y nuestra gente.

De no hacerlo así, la permanencia de las plantas uruguayas – hecho que considero irreversible - no significará una inversión positiva para paliar la difícil situación económica y financiera de un hermano, sino un triunfo de los interesados en desplazar el envenenamiento hacia el sur.

Porque, lamentablemente, el problema no parará aquí, si no reencauzamos la situación; los brasileños también están envueltos en él, y nosotros con ellos. En Uruguay se instalarían además de las que están en construcción, la sueca Stora Enso, que ya está en Brasil, y la norteamericana Weyerheuser; y Aracruz, que es considerada la productora más importante del mundo, con varias plantas en Brasil, estaría instalándose en Río Grande do Sul (Raúl Zibechi, miembro del Consejo de Redacción del Semanario Brecha de Montevideo, colaborador mensual del IRC Programa de las Américas). El último proyecto mencionado debe tratarse del de Sâo Borja, ya difundido.

Umbral

Pero el triunfo de los depredadores no se detendrá allí, porque estamos en el umbral de la disolución del Mercosur.

La reiteradamente mencionada variante del Tratado de Libre Comercio de Uruguay con Estados Unidos, si bien pudo ser en principio una clásica maniobra para amenazar con aliados fuertes en medio de una crisis, podría constituirse para Uruguay en una salida, porque los EUA no representan una competencia para la producción uruguaya como sí lo son para la argentina y la brasileña.

Aunque el Presidente Vázquez nos diga que es una idea exclusiva del Ministro Astori, no le ha prohibido a éste que la exprese, ante las actitudes de brasileños y argentinos que prescinden de sus socios, por lo que no debemos desechar esa posibilidad en un análisis global de la situación. El Mercosur en manera alguna ha sido una solución para Uruguay ni para Paraguay (quien ya tiene base norteamericana propia, “por cualquier eventualidad”).

Lo que debe ser inmediato es el levantamiento de la estrangulación de las rutas a Uruguay. No tiene ni va a tener efecto favorable alguno, y los argentinos no tenemos la razón que nos justifique.

La respuesta que en alguna radio he escuchado, en el sentido de que el gobierno argentino no tiene nada que ver con esos cortes porque la gendarmería y la aduana igual funcionan, es incalificable.

*Sixto Portela es abogado, con posgrados como analista estratégico, especialista en Geopolítica y Estrategia, y especialista en Política y Administración Aduanera. Participó como asesor en la redacción de Proyectos de Legislación, en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se desempeñó como representante permanente ante la Comisión Mixta Argentino-Uruguaya de Coordinación y Cooperación Económica.