Financiar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Movilizar un volumen suficiente de recursos para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sigue siendo un desafío central a nivel global y también para América Latina y el Caribe, en especial en un contexto internacional en que la dinámica de crecimiento, tanto regional como mundial, el aumento de los riesgos financieros y la incertidumbre no favorecen el financiamiento para el desarrollo.

Así lo señalan más de 60 organizaciones lideradas por las Naciones Unidas, entre ellas el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el Informe para el Financiamiento del Desarrollo Sostenible 2019 (Financing for Sustainable Development Report), dado a conocer recientemente.

El documento, coordinado por la Oficina de Financiamiento para el Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA, por sus siglas en inglés), plantea la necesidad de tomar conciencia y acciones concretas ante la urgencia de esta problemática. Indica que si bien se aprecian signos positivos -como el fortalecimiento de la inversión en algunos países, el alza de las tasas de interés asociadas a inversiones sostenibles y el hecho de que el 75% de los inversionistas individuales están interesados en el impacto de sus inversiones sobre el planeta-, las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron 1,3% en 2017, la inversión en muchos países está cayendo y 30 naciones en desarrollo tienen alto riesgo o dificultades financieras.

“Si bien los obstáculos para movilizar el gran volumen de recursos necesario para cumplir con la Agenda 2030 no son menores, existen oportunidades que los países deben explorar y explotar para superar las restricciones existentes de financiamiento sostenible. Con este fin los gobiernos pueden y deben comprometerse con el multilateralismo, la mitigación del impacto del cambio climático, y una gobernanza internacional favorable a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

En el caso de América Latina y el Caribe, un contexto internacional más complejo para la movilización de recursos se suma a escenarios fiscales complicados y bajas tasas de ahorro nacionales, lo que implica la necesidad de reformas integradas y sostenidas en el ámbito de las finanzas públicas que apunten a asegurar la solvencia del sector público, a proteger la inversión, a cautelar los logros sociales y a ampliar los recursos tributarios.

Estas acciones en materia fiscal deben complementarse con un aumento de la inversión privada que permita volver a alcanzar tasas de crecimiento económico altas y estables. El comportamiento de la inversión no solo afecta el ritmo y la tasa de acumulación de capital, sino que también se relaciona directamente con la dinámica de la productividad.

Según el informe, el panorama del financiamiento para el desarrollo se caracteriza por cambios relacionados con la creciente participación de nuevos actores y fuentes de financiamiento, entre las que figuran la filantropía, organizaciones no gubernamentales (ONG), fondos para el clima, mecanismos de financiamiento innovadores e iniciativas de cooperación Sur-Sur, que está jugando un papel central en la implementación de la Agenda 2030.

Asimismo, el capital privado para los países en desarrollo incluyendo a América Latina y el Caribe, se ha erigido como una importante fuente de financiamiento, con un conjunto diversificado de instrumentos. En cambio, la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) ha ido perdiendo importancia para los países de ingresos medios como los de la región. En el caso de América Latina y el Caribe, la AOD representa tan solo 0,2% del PIB regional.

El reporte argumenta los importantes desafíos en el plano económico, social y ambiental que enfrentan los países para la movilización de recursos, así como también las oportunidades y algunas iniciativas para reformar la gobernanza a nivel global incluyendo el sistema comercial, la arquitectura impositiva, los mercados de capitales, la red de seguridad social, y los mecanismos de reestructuración de deuda soberana. La gobernanza a nivel global debe apoyarse en el multilateralismo que es la manera adecuada para potencia la cooperación entre los países, señala.

En este sentido, el informe de las Naciones Unidas plantea recomendaciones derivadas de la Agenda de Acción de Addis Abeba, incluyendo áreas como la movilización interna de recursos, el financiamiento privado y la cooperación para el desarrollo, que deberían formar parte de una estrategia de financiamiento unificada.

“En el caso de América Latina y el Caribe, la CEPAL ha planteado importantes iniciativas para la movilización de recursos tales como la estrategia de alivio de la deuda de los estados insulares del Caribe diseñada para ampliar el espacio fiscal y promover el crecimiento, abordando al mismo tiempo los efectos del cambio climático. A esto se suma la ampliación de la base tributaria, la mejora de los sistemas recaudatorios y el combate a la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, que en la región al igual que en otras regiones en desarrollo superan a la AOD, los flujos de portafolio y la inversión extranjera directa”, agregó Alicia Bárcena.

El informe para el financiamiento del desarrollo sostenible 2019 plantea también el uso de instrumentos innovadores para el financiamiento para que los países alineen la política de financiamiento con las estrategias y prioridades nacionales de desarrollo sostenible. Algunos de ellos son las nuevas tecnologías y la tecnología financiera o Fintech. El reporte considera que los mecanismos de financiamiento innovadores complementan los flujos de recursos internacionales (AOD, inversión extranjera directa y remesas), movilizan recursos adicionales para el desarrollo, permiten salvar deficiencias del mercado y barreras institucionales, y favorecen la colaboración con el sector privado.

Antecedentes:

El informe es un producto conjunto del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Financiación para el Desarrollo, que está compuesto por más de 60 organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales. La Oficina de Financiación para el Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas actúa como editor sustantivo y coordinador del Grupo de Trabajo, en estrecha cooperación con el Grupo del Banco Mundial, el FMI, la OMC, la UNCTAD y el PNUD. El Equipo de Trabajo fue encomendado por la Agenda de Acción de Addis Abeba y está presidido por el Sr. Zhenmin LIU, Subsecretario General de Asuntos Económicos y Sociales. La copia completa del informe y el anexo están disponibles en: https://developmentfinance.un.org/