In memoriam Aldo Ferrer

En agosto del año 2004, el Plan Fénix y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron una declaración conjunta en defensa de los intereses nacionales de la Argentina, referida a la renegociación de la deuda externa. Hoy, ante el acuerdo alcanzado por el actual gobierno con los fondos buitre, les hacemos llegar ambos textos, que tienen plena vigencia, a pesar de la distancia temporal entre uno y otro, y se refieren a los riesgos que imponen estas negociaciones, cuando la toma de nueva deuda pasa a ser un elemento fundamental de la estrategia económica futura. El endeudamiento y la apertura indiscriminada a los flujos de capitales habrán de llevarnos una vez más a un callejón sin salida, caracterizado por el estancamiento y, en última instancia, por la insolvencia externa. Esto es lo que nos enseña la experiencia que vivió la Argentina en la década del 90, cuando una severa contracción del aparato productivo condujo a la imposibilidad de cancelar los compromisos externos asumidos, generando una crisis de proporciones inéditas. He aquí los textos.
 

La negociación con los buitres, por Aldo Ferrer

La cuestión central en el conflicto con los buitres es la respuesta al siguiente interrogante: ¿su resolución es indispensable o solo conveniente para el curso futuro de la economía argentina? En el primer caso, se impondrá la demanda de los buitres y la negociación es, en realidad, una ficción. En el segundo, la negociación es real porque puede no haber acuerdo, si el costo de la demanda de la contraparte es mayor que sus beneficios. La evidencia es abrumadora en el sentido de que los buitres son un problema de segunda importancia y, por lo tanto, que el arreglo es conveniente pero no indispensable.

Por las siguientes razones: 1. En los canjes de 2005 y 2010, Argentina logró la reestructuración de deuda soberana más exitosa de la historia, sin pedirle nada a nadie. Es decir, sin la participación del FMI ni el visto bueno de los mercados financieros. La deuda pendiente no alcanza a 3000 millones de dólares, menos del 8 por ciento del total de la declarada en default en la crisis de 2001. El supuesto aumento de la pendiente a 12.000 millones de dólares, por intereses caídos, ignora que, el pago a los buitres habría desarmado la reestructuración de la deuda e implicado un premio a la especulación y el castigo, a la inmensa mayoría de los inversores, que facilitaron la recuperación de la economía argentina. Estaríamos, otra vez, como en la crisis de 2001.

2. Hace una década que los fondos buitre, tenedores del 50 por ciento de la deuda pendiente, vienen litigando contra el país. Plantearon el embargo de bienes argentinos, en alrededor de 900 demandas en diversos países. El hecho más sonado fue el de la fragata “Libertad”. No tuvieron éxito en ningún caso. El país mantiene relaciones económicas normales con todo el mundo. Los buitres son especuladores despreciados en el escenario mundial. Operamos en un orden internacional, dentro del cual la inmunidad soberana de los Estados pone límites a la extrapolación de la jurisdicción de tribunales nacionales sobre terceros países. La razonabilidad de la posición argentina ha sido respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la opinión de los analistas más destacados en el escenario internacional.

3. Los problemas principales de la economía están en la esfera interna: el déficit del comercio de manufacturas de origen industrial y la consecuente restricción externa, la inflación, el desequilibrio fiscal, entre otros. Ninguno se resuelve por el pago a los buitres.

4. El conflicto obedece a la ausencia de normas internacionales para resolver los default de deudas soberanas. La exitosa reestructuración de más del 92 por ciento de la deuda en default, cumple con exceso los límites para la resolución de las quiebras en las jurisdicciones nacionales. Las dificultades de tenedores de deuda reestructurada para recibir los pagos realizados por el gobierno argentino es responsabilidad de quien provoca la interrupción de la cadena de pagos.

5. La suposición de que, después del arreglo con los buitres, van a llegar las inversiones, es una ficción. Ningún inversor, argentino o extranjero, que tenga un buen proyecto, deja de realizarlo por el conflicto con los buitres. El buen “clima de inversiones” depende de la gobernabilidad de la economía, la paz social, la seguridad jurídica, los espacios de rentabilidad y el ritmo de transformación de la estructura productiva para incorporar tecnología y agregar valor.

6. El pago a los buitres no es suficiente para que las agencias evaluadoras de riesgo mejoren la calificación de la deuda argentina, con la consecuente baja de la tasa de interés. Es previsible que exigirán, además, un plan económico y financiero respaldado por el FMI. Es por estas y otras razones, que el acuerdo con los buitres no resuelve ningún problema fundamental ni garantiza la baja de la tasa de interés y la entrada de inversiones extranjeras.

En resumen, el acuerdo es útil, porque remueve algunos obstáculos, pero no indispensable. ¿Cuáles deberían ser los límites de la oferta argentina? Los mismos que la de los canjes de 2005 y 2010, como lo planteó el gobierno anterior. Es una oferta generosa. Representa una excelente ganancia para los buitres, considerando el precio ínfimo al cual adquirieron sus títulos y los costos y pérdida de tiempo, que soportó el país, por pleitear con los buitres. Cuanto mayor sea el desvío de la próxima oferta del Gobierno respecto de ese límite, peor será la calificación que merecerán los actuales negociadores, en términos de la defensa del desarrollo, los derechos y la soberanía de la Argentina. El contenido del acuerdo revelará la inspiración del actual gobierno respecto de la autonomía de la política económica y la soberanía. El Gobierno no debe hacerse ilusiones de que un acuerdo satisfactorio es posible por la “razonabilidad” de los buitres. El rechazo de estos al necesario carácter público de las negociaciones, es un primer ejemplo. Para defender con eficacia el derecho y los intereses del país, es indispensable que el Gobierno asuma la posibilidad de que no se alcance un acuerdo razonable y, los buitres, tomen nota de que, en definitiva, no cobrarían nunca.

La negociación con los buitres es un primer paso en la definición de la estrategia de financiamiento internacional. Está planteada, al mismo tiempo, la alternativa de ratificar la soberanía recuperada con la cancelación de la deuda con el FMI o volver a solicitar su asistencia, con las condicionalidades incluidas. Es preciso, por lo tanto, que el Gobierno explicite la totalidad de su política de financiamiento internacional y la procese por las vías institucionales correspondientes. Durante la “guerra fría”, el presidente Kennedy afirmó: “Nunca hay que tener miedo de negociar y nunca hay que negociar con miedo”. No hay razón alguna para que los negociadores del nuevo Gobierno actúen con “miedo”. Es decir, que supongan que el arreglo con los buitres es una cuestión de “vida o muerte”.

Existe un nivel de deuda externa pública y privada entre los más bajos del mundo y los bancos están rentables, con carteras sólidas, fondeados en pesos, sin burbujas especulativas ni descalce de monedas. Podríamos estar más fuertes, si conserváramos el “superávit gemelo” en el presupuesto y el balance de pagos y aumentaran las reservas internacionales. De todos modos, el país conserva la fortaleza suficiente para negociar sin miedo ni urgencias.

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL PLAN FÉNIX CON EL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (Buenos Aires, julio de 2004)

En cumplimiento de la responsabilidad que tiene la universidad pública de reflexionar acerca de los problemas centrales de la sociedad y formular propuestas para su superación, integrantes de distintas universidades nacionales hacemos un llamado a adherir a esta Declaración Conjunta: La deuda externa afecta a la totalidad de los argentinos, por cuanto ha sido consustancial con un patrón económico centrado sobre lo financiero, que ha sumido a nuestro país en un estancamiento económico secular y una polarización social sin precedentes. La crisis de 2001 es a la vez la crisis de la deuda y de un modelo. Desde las ideas centrales del PLAN FÉNIX hacemos un llamado a desarrollar una visión de esta temática basada sobre una estrategia de desarrollo nacional con equidad, que asegure la continuidad de la gobernabilidad democrática. Para esto se proponen las siguientes pautas: Los acuerdos que se logren no deben vulnerar la autonomía nacional en lo que hace a la fijación, en cualquier ámbito, de políticas gubernamentales. 1) Es necesario rechazar la injerencia indebida de los organismos multilaterales de crédito en el proceso de renegociación de la deuda privada, por ser la Argentina miembro de estos organismos y ser, a su vez, ellos mismos -hasta el momento acreedores privilegiados, en detrimento del resto de los tenedores de deuda soberana argentina. Sólo es dable aceptar su mediación en el caso que concurrieran a solventar parte de la quita, habida cuenta de su corresponsabilidad en el proceso de endeudamiento. 2) Los agentes colocadores de los títulos, también corresponsables de este proceso de endeudamiento, deberían contribuir a morigerar el impacto de la quita sobre los tenedores de bonos. 3) Dadas las circunstancias y condiciones en que fue contraída la deuda externa argentina y sus efectos sobre la economía y la sociedad, correspondería requerir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre los aspectos jurídico-institucionales de esa deuda a la luz de los principios generales del derecho y de los derechos humanos, así como de las teorías de la "deuda odiosa" y de la responsabilidad de los prestamistas de mala fe. A tal fin sería menester que el 6 gobierno nacional realizara ante la Asamblea General de las Naciones Unidas las gestiones necesarias para habilitar la intervención de esa Corte. 4) Se requiere asegurar que el mayor peso del pago de los compromisos originados en la deuda reestructurada recaiga en los sectores sociales de mayor ingreso y riqueza, en particular de aquellos que se han beneficiado como consecuencia del proceso de concentración económica verificado durante la última década, incluyendo a los residentes argentinos con activos transferidos al exterior. 5) El financiamiento a las políticas sociales requeridas en esta crítica situación debe independizarse de los eventuales efectos ocasionados por la renegociación de la deuda; para esto es necesaria su desvinculación del financiamiento multilateral. 6) En caso de que el Fondo Monetario Internacional persista en exigir condicionalidades referidas a la renegociación de la deuda privada o, en general, un esfuerzo mayor al que la sociedad argentina puede tolerar sin afectar el cumplimiento de sus objetivos, deberá abandonarse el acuerdo suscripto, cancelando las obligaciones asumidas y replanteando, en consecuencia, las propuestas referidas a los acreedores privados. 7) Por último, señalamos que deben respetarse las disposiciones constitucionales en el sentido de que es al Parlamento a quien corresponde decidir sobre todas las cuestiones vinculadas con la deuda externa. Si bien el gobierno argentino ha encarado la negociación sobre la base de una quita ineludible de los montos adeudados, lo ha hecho también según premisas que se apartan de los lineamientos anteriormente mencionados. En particular, ha resuelto descartar el reclamo por ilegitimidad total o parcial; otorgar el carácter de acreedor privilegiado a los organismos multilaterales de crédito; no avanzar en la determinación de las responsabilidades compartidas entre el gobierno argentino, el FMI y la banca privada en la colocación de los bonos en default y, por último, aceptar el compromiso de generar un superávit primario todos los años, que entendemos afecta las perspectivas del desarrollo argentino.
Entendemos que la negociación deberá asentarse sobre una postura más firme, para lo que deberá integrarse una coalición amplia. El gobierno nacional tendrá el apoyo de la sociedad en la medida que sus propuestas contemplen prioritariamente el crecimiento con equidad que el país requiere. Convocamos a todos aquellos dispuestos a asumir una postura activa de defensa de los intereses colectivos, para que la Argentina logre un acuerdo digno de reestructuración de su deuda, que viabilice una senda sustentable de desarrollo para el conjunto de la población -afianzando y profundizando de este modo su democracia- y para que nunca más se adopten patrones económico-sociales que comprometan el bienestar de sus habitantes.

Declaración Cátedra Abierta Plan Fénix, FCE / UBA