Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática

Los últimos informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que el 44 por ciento de la población latinoamericana es pobre, lo que equivale a 225 millones de personas, de las cuales cerca de 100 millones están en situación de indigencia.

Los mismos señalan que Latinoamérica es hoy la región más desigual del mundo, teniendo en cuenta que el 20 por ciento de la población más pobre accede sólo al 3,3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el 20 por ciento más rico controla casi el 58 por ciento del ingreso. Estos son datos que reflejan la fuerte inequidad distributiva, la marginación y la pobreza resultantes de la aplicación de políticas concebidas desde un modelo económico excluyente y concentrador de la riqueza.

También demuestran la discrepancia en la retórica de los países industrializados impulsando los tratados de libre comercio, pero justificando la aplicación de políticas proteccionistas cuando se trata de cuidar sus propios intereses.

En este contexto de grave desigualdad social, todos los países integrantes de AL&C, aún con grados de diferencia, muestran fuertes indicadores de desigualdad de género en perjuicio de las mujeres, por lo que la pobreza, la precariedad laboral y la desocupación (con excepciones muy puntuales) las afectan más gravemente. Esta situación de discriminación constituye una de las más vergonzosas de las injusticias sociales y culturales, que aun en pleno siglo XXI se encuentra vigente y pendiente de resolución.

Declaramos firmemente que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son esenciales para el logro del desarrollo sustentable, la superación de la pobreza y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

El fuerte crecimiento e incidencia de la pobreza en nuestro hemisferio nos enfrenta a la necesidad de reconceptualizarla desde un enfoque multidimensional, que integre tanto la dimensión de género, como la social, territorial y familiar. Para esto es imprescindible que el Estado recupere sus responsabilidades indelegables y el rol de principal garante del bienestar y la equidad.

Se trata de aplicar dimensiones básicas que deben ser consideradas en la elaboración de cualquier política pública que busque superar la pobreza.

Este abordaje permite diferenciar sus diversos aspectos, analizando la reproducción intergeneracional, midiendo el impacto diferenciado por género y las relaciones de poder que en ella se juegan, así como el reparto desigual del trabajo no remunerado.

Es imprescindible que las políticas orientadas a luchar contra la pobreza superen el mero asistencialismo así como el reforzamiento de los roles tradicionales de las mujeres, aplicando un enfoque de empoderamiento que remita a la verdadera autonomía y se implementen de manera conjunta y simultánea evitando caer en la focalización y los estereotipos de género.

Asimismo, consideramos imperioso superar la visión mercantil en el acceso a la salud, la educación, el trabajo digno, la vivienda, el agua potable y un medio ambiente saludable, reforzando su condición de derechos humanos mundialmente reconocidos.

Proponemos impulsar una distribución más equitativa del crecimiento económico, aplicando un modelo de desarrollo incluyente y con un enfoque integral que incorpore la perspectiva de género en sus políticas de empleo, orientada a resolver una de las consecuencias más graves de la aplicación de políticas de ajuste estructural, como es la feminización de la pobreza. Estas políticas, deberán reconocer el derecho al trabajo digno como factor decisivo en la integración de las sociedades modernas, en la superación de la desigualdad, el hambre y la pobreza así como en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

Partiendo de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Principios Fundamentales del Trabajo; la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los Jefes de Estado y de Gobierno participantes de la IV Cumbre de las Américas deben garantizar el acceso a un trabajo digno para todos y todas, ya que constituye una dimensión fundamental en el logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que incluye desde igual salario por igual trabajo, aumento en la calidad del empleo femenino, superación de la segregación sexual por ocupaciones, erradicación de la violencia laboral, sanciones ejemplares al acoso sexual en ámbitos educativos y laborales, hasta un mayor acceso a la financiación y los medios de vida y producción.

Reconocer el carácter Primordial de los Derechos Humanos

En este marco de grave deterioro de las condiciones económicas, laborales y sociales, la conquista de la estabilidad democrática lograda en nuestro continente, así como el pleno e irrestricto respeto por los derechos humanos de la ciudadanía, se enfrentan a dificultades crecientes en el logro de su afianzamiento.

A partir de la década de los ‘90, se profundiza en nuestra región el desmantelamiento de la protección social, el aumento de la desocupación y la precarización de las relaciones laborales, excluyendo a gran parte de la población hacia la marginalidad, con mayor repercusión en las mujeres. Este proceso ha dificultado el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, sumado al quebrantamiento de todo el plexo de los derechos económicos, sociales y culturales.

Por lo que resulta imprescindible reconocer el carácter primordial de los Derechos Humanos y los tratados correspondientes por sobre los acuerdos comerciales y las políticas de seguridad y lucha contra el terrorismo. Para ello reclamamos el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, reconociendo su carácter indivisible y acelerar la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

Su respeto y protección son instancias fundamentales para lograr el crecimiento económico, la equidad distributiva de la riqueza, el desarrollo social y la gobernabilidad democrática, ya que son referentes constitutivos de la realidad, y al mismo tiempo, una instancia crítica de la misma.

En sociedades asimétricas, con marcadas situaciones de injusticia y desigualdad como las nuestras, los derechos no pueden reducirse a una mera formulación por fuera de las situaciones concretas, sino que deben concebirse y utilizarse como instrumentos para lograr la satisfacción de necesidades humanas básicas que aseguren en la práctica la justicia y la libertad, la igualdad y la participación, la salud y la educación, el trabajo, el alimento y la vivienda , es decir, una vida digna que permita a los seres humanos ser protagonistas plenos de sus vidas y la historia.

Los Gobiernos democráticos del hemisferio deben concebir los Derechos Humanos como una categoría política orientadora de la construcción del orden social, y pensarlos desde su capacidad de generar relaciones sociales nuevas y más equitativas entre los géneros.

La igualdad en el acceso a los recursos del desarrollo y la superación de la pobreza, se concretará si los Derechos Humanos de las mujeres son respetados y priorizados en las políticas de Estado, haciendo énfasis en su autonomía y concibiéndolas como sujetas centrales.

Los gobiernos de nuestros países se han comprometido en repetidas ocasiones a trabajar por la igualdad de oportunidades y de género, por el respeto irrestricto de los Derechos Humanos y por el empoderamiento de las mujeres. Pero a menudo han fracasado en traducir estos compromisos en acciones.

Por lo que instamos a cumplir con el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM-OEA) y a respetar los compromisos asumidos en los instrumentos internacionales del sistema de protección y promoción de los Derechos Humanos, especialmente en los interamericanos, como la Carta de la Organización de Estados Americanos; la Carta Democrática Interamericana (CDI); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará y; la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo.

Agosto de 2005

Foro de Mujeres del MERCOSUR - Capítulo Argentina

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