Las negociaciones Mercosur-UE: un repaso del capítulo del comercio de bienes desde la óptica mercosureña

En 1992, el incipiente Mercado Común del Sur (Mercosur) firmó un Acuerdo de Cooperación con la Unión Europea (UE). Desde entonces, el interés recíproco entre ambos bloques continuó ascendiendo a punto tal que suscribieron en 1995 el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación Mercosur-UE (AMIC), y sería a partir del 2000 cuando comenzaron las negociaciones birregionales para arribar a un acuerdo comercial, tratativas que a principios de 2018 aún se encuentran en curso.

Transcurridas más de dos décadas, el proceso negociador ha vislumbrado permanentes avances y retrocesos en virtud de la existencia de tópicos divergentes entre las partes, dentro de los nueve capítulos que son materia de discusión de un eventual acuerdo. Por el lado del Mercosur, el interés principal está enfocado en el acceso al mercado europeo para sus bienes agroindustriales, fundamentalmente carnes –en especial la bovina– y biocombustibles.

Por el lado de la UE, los objetivos apuntan a la apertura del mercado de bienes industriales y, fundamentalmente, a la ampliación de las preferencias denominadas como “OMC plus” –que incluyen el comercio de servicios, compras gubernamentales, el tratamiento de las inversiones y la aceptación de nuevas reglas de protección de los derechos de propiedad intelectual–, especialmente en lo referido a la obtención del reconocimiento de una serie de Indicaciones Geográficas (IG) asociadas a bienes originarios de la UE, como ciertos quesos, vinos y aceites. Con cada uno de los capítulos en discusión podría hacerse una tesis.

Ahora bien, focalizando solamente sobre el comercio de bienes, a los países del Mercosur se les presenta una doble problemática:  por un lado, el hecho de que un eventual acuerdo con la UE dé un golpe muy duro al entramado manufacturero de los Estados parte (en adelante, EP) , por lo que las centrales industriales de estos países vienen reclamando la inclusión de una “cláusula de desarrollo nacional” que establezca plazos de desgravación más extensos (Dellatorre, 2018), reconozca las asimetrías vigentes y haga efectiva, por ende, la implementación de un trato especial y diferenciado por ser un bloque compuesto por países periféricos; por el otro lado, tienen que enfrentarse a la decisión de la UE de no liberalizar completamente su mercado agroindustrial, que es el de mayores ventajas para el Mercosur. Esta última cuestión tiene su origen en la existencia de la Política Agrícola Común (PAC) en la UE, anclada en la cual, el bloque se niega a liberalizar el mercado agrícola altamente sensible para los productores europeos.

En este sentido, en los intercambios de ofertas realizados sobre el comercio de bienes agroindustriales con el Mercosur, la UE ha estipulado que, en caso de arribar a un acuerdo, los mismos estarían atados a mecanismos tales como preferencias fijas, cuotas y precios de entrada. Puede decirse que la no liberalización del mercado agropecuario europeo responde también a las resistencias que presentan los sectores agrícolas al interior de varios países de la UE –sobre todo Francia, Irlanda y Polonia–, los cuales poseen un poder de lobby muy fuerte en sus respectivos países para frenar las negociaciones.

Asimismo, la UE ha dejado en claro desde el inicio de las tratativas que la discusión sobre la eliminación de los subsidios y mecanismos a los bienes agrícolas dependería no de las negociaciones birregionales sino del resultado de las rondas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) - puntualmente se hacía referencia a la Ronda de Doha, que terminó en un rotundo fracaso-, ámbito en donde la propia UE ejerce un bloqueo sobre la discusión de ese punto. Es en este marco, que pueden comprenderse las palabras que tuvo el Ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, en ocasión de la última reunión birregional que tuvo lugar a comienzos de marzo de este año en Asunción. En este sentido, el Ministro francés afirmó que “la negociación con el Mercosur está bloqueada por diferentes razones”, fundamentando que debe existir la misma reciprocidad en la aplicabilidad de reglas socioeconómicas y ambientales en la producción agrícola entre ambas regiones, en el sentido de que “uno no puede explicarle a un productor que debe ajustarse a reglas muy restrictivas en Francia, en Alemania, en España o en Italia si el mismo producto no es hecho de la misma manera en otro continente”. Considerando también su afirmación de que “es preferible tomar más tiempo para lograr un buen acuerdo” (Lamiral, 2018), todo ello hace suponer que las negociaciones seguirán su largo y sinuoso curso durante un tiempo más.

Por otra parte, no puede dejar de mencionarse que existen estudios de impacto que demuestran que un acuerdo entre el Mercosur y la UE en los términos vigentes será perjudicial para el entramado industrial de los EP –fundamentalmente de Argentina y Brasil–, reprimarizando sus exportaciones y estructurando un comercio deficitario con la UE; por otro lado, la parte europea sería la única ganadora desde un punto de vista puramente mercantilista, como consecuencia del aprovechamiento de las preferencias arancelarias en materia de bienes y servicios.

De esta manera, el panorama que se le presenta al Mercosur de un posible acuerdo dista de ser benévolo considerando solamente el comercio de bienes en general, debido tanto a problemas en la ofensiva con sus productos agrícolas para colocarlos en la UE –a lo que hay que agregar el impacto que tendría para los EP el establecimiento de IG para algunos bienes agrícolas europeos– como también por cuestiones defensivas de su propia industria manufacturera, en clara desventaja frente a la europea.

Y, lo que no es menor, es que además de estas cuestiones también existen divergencias en torno a otros rubros, tales como solución de controversias, patentes y normas de origen, cuyos análisis escapan al objetivo del trabajo pero que conforman un conjunto de discrepancias entre ambos bloques que emergen como causa de las postergaciones en la firma de un acuerdo.

Como corolario, puede decirse que un acuerdo comercial con la UE será perjudicial para el Mercosur, tanto en términos cualitativos –favoreciendo a escasos sectores agropecuarios a la vez que se avanza hacia la desindustrialización de los EP– como cuantitativos –por la pérdida global de empleos–, lo que traerá aparejada una profundización de sus desigualdades internas, el fortalecimiento de la matriz productiva agropecuaria y minera, la pérdida en el entramado industrial, un aumento en los índices de desempleo y pobreza y, en definitiva, la consolidación en su condición de países periféricos. Estará en nosotros entablar la discusión necesaria en los más altos niveles y será en los dirigentes mercosureños sobre quienes recaerá la responsabilidad de firmar la subordinación con un acuerdo de este tipo. Boletín Grupo de Jóvenes Investigadores, del IRI.

* Lic en Relaciones Internacionales.