Alberto Fernández asume en Argentina con un Plan Integral contra el Hambre

Los tres ejes: a) la reestructuración de la deuda con vista a suspender el pago de intereses y capital por un lapso, en principio 2 -dos- años; b) el aumento de impuestos alcanzando a grupos sociales acomodados en forma directa y, por aumento del nivel de actividad a los impuestos indirectos; y c) el alza de las retenciones.

La depreciación cambiaria realizada por el macrismo (el dólar tipo de cambio vendedor valía $ 9,60 en diciembre de 2015 y en diciembre de 2019 es de $ 63.-), lo que sumado a los fuertes vencimientos y la imposibilidad fáctica de pagarlos hizo que derraparan los precios de títulos públicos y acciones argentinas en los mercados internacionales y con ello el valor de las empresas y demás activos del país.

Las medidas que debe adoptar el gobierno entrante buscan que se recupere el valor de los activos locales, por ende, el mayor pago de impuestos y de derechos de exportación (retenciones) es para consolidar un sector público que debe afrontar el pago de los servicios de la deuda y apuntale un modelo de crecimiento.

Alfredo Zaiat lo dice claramente en su nota del 15 de diciembre en Página 12: “Las quejas por las retenciones, la quita en la deuda pública, más impuestos y doble indemnización serán las predecibles y no habría que esperar otra cosa. Pero, a la vez, esos mismos empresarios y financistas están ansiosos para que la economía reinicie un ciclo de crecimiento para mejorar la ecuación económica-financiera de sus negocios. Y saben, por la experiencia del 2002 y, fundamentalmente, a partir del periodo político iniciado en 2003, que esas medidas son imprescindibles para que la economía frene la caída y comience a crecer y, de ese modo, volver a ganar dinero y a recuperar el valor de sus empresas”.

La Declaración de la Emergencia en sí es un instrumento para que el Gobierno Nacional tenga facultades extraordinarias por la situación económica, social y sanitaria. Por ejemplo la de establecer impuestos extraordinarios.

La emergencia, por otra parte, pondría al Estado a resguardo de reclamos en el área previsional, dado que habrá pagos diferenciados en beneficio de los jubilados de menores ingresos, relegando a los demás. El proyecto de ley lo aclararía de manera explícita, para que no se repita lo que sucedió con los aumentos del mismo tipo que otorgó en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, quien también padeció la herencia de enormes restricciones presupuestarias. Esos ajustes a los de la mínima después motivaron el fallo Badaro de la Corte Suprema, que obligó al Estado a compensar a quienes habían quedado al margen de la medida y desencadenó una andanada de juicios de millones de jubilados.

Por otra parte, la emergencia podría retrotraer las bajas de contribuciones de las empresas a la seguridad social que empezó a aplicar el gobierno de Cambiemos con aprobación del Congreso. La disminución de contribuciones desfinanció al sector Previsional. Y lo mismo con la eliminación del programa de reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias

Derogar la suba del monto deducible de aportes previsionales (monto que se ajusta por IPC) que fue de $ 2.400 en el año 2018, y pasó a ser de $ 7.003,68 para este año 2019 (40% de $ 12.000.- ajustado por IPC) y que plantea ser para el año 2020 del 60%, en 2021 al 80% y en 2022 al 100%, ajustable año a año por la evolución del IPC.

Derogar el Art. 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o 2018) que reduce la alícuota del gravamen a las empresas del 35% al 30% para los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 y, al 25% para los ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 2020.

Incluir dentro del Impuesto a los Bienes Personales una alícuota mayor para gravar los activos reales y financieros radicados en el exterior

Impuesto a la compra-venta de divisas en torno al 20% incluso las compras de los turistas argentinos en el exterior (Con lo que se logra al día de hoy un dólar comercial de $ 63.- y un dólar turista en torno a los $ 75.-)

Congelar las tarifas energéticas y de combustibles

El objetivo es frenar la reducción de impuestos que estaba prevista en el Pacto Fiscal firmado hace dos años. Y también habría una reposición de Ingresos Brutos como del Impuesto a los Sellos, pese al compromiso de las provincias por reducir gravámenes distorsivos para la actividad productiva.

La utilización de fondos que estaban destinados al pago de deuda que en el presupuesto de la administración nacional 2020 del macrismo, donde se estimaba en $ 1.200mil millones [1] y su reorientación a un proyecto de crecimiento productivo con inclusión social. Mientras más a fondo pueda avanzar el Gobierno en mejorar la distribución del ingreso, más solidaridad y reactivación productiva podrá alcanzar.

En el marco de la Ley de Emergencia Económica, proponer la creación de un Consejo Económico y Social, que incluiría a su vez, un blanqueo laboral mediante la responsabilidad social empresaria en implementar el blanqueo de sus dependientes y la incorporación de nuevos puestos de trabajo con la particularidad de ofrecer a las pymes, el cumplimiento de sus deudas previsionales mediante una gran moratoria impositiva y previsional para lograr aumentar la producción e incentivar el consumo. Asimismo, se incorpora una Línea de crédito no bancario a favor de las pymes para la compra de maquinarias y de bienes de capital a tasa de 2 a 3% financiada mediante el Ministerio de Desarrollo Social.

En cuanto al sector de los jubilados y los asalariados de menores ingresos, se implementará un incremento del 20% adicional mediante un bono excepcional.

Esta emergencia económica también otorgará facultades al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias (recordemos que se prorroga la actual Ley 27.467 de Presupuesto de la Administración Nacional 2019) y modificar alícuotas de impuestos para que los que más tienen hagan el sacrificio a ayudar a las clases más golpeadas por la crisis.

En materia sanitaria, el proyecto faculta al Ministerio de Salud restablecer el suministro de medicamentos genéricos y garantizar los medicamentos para tratamientos ambulatorios a pacientes de alta vulnerabilidad social y económica, el objetivo es dotar de amplias facultades al Ministro de Salud para ser intérprete de la delicada situación social en materia de Salud.

Este proyecto da facultades amplias al Poder Ejecutivo para resolver sobre temas urgentes utilizando la figura del Decreto de Necesidad y Urgencia, teniendo Este, la obligación de dar cuentas del ejercicio que hiciere de las facultades que se le delegan al finalizar su vigencia, por medio del jefe de gabinete de ministros en oportunidad de la concurrencia a cada una de las Cámaras del congreso, conforme lo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Retenciones

Mediante el Decreto 37/2019 Nomenclatura Común del Mercosur del 14/12/2019 firmado por Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Luis Basterra y Martín Guzmán, se modificaron los derechos de exportación heredados del gobierno de Cambiemos y, también “cerró” el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de granos y subproductos solamente para el día lunes 16. Se especula entonces que ese mismo día, el Boletín Oficial tendrá un nuevo esquema de de derechos de exportación que comenzaría a regir desde el martes 17, pero el del Decreto 37/2019 del sábado 14 es:

Este conjunto de medidas de políticas públicas para atacar emergencias y empezar otro rumbo que empiece a poner a la Argentina de pie se juega en el Parlamento esta semana. No solo de los diputados de apoyo del bloque del Frente de todos/as, sino de otros bloques y aún de legisladores parte de la oposición, que aún dudan en refrendar con estas leyes el diagnóstico de que dejaron ‘tierra arrasada’ y del rechazo de sectores como los del campo que no asumen que la emergencia y particularmente las retenciones (que lo único que se hizo es una actualización monetaria del gravamen que ya existía cuando gobernaba Macri), les compete tanto en un sentido de interés público, de sector privilegiado por la anterior administración, como por el esfuerzo común en que todos debemos estar comprometidos.

[1] Proyecto de Presupuesto 2020, diseñado por el gobierno de Macri, se estimaban pagos de deuda pública por 1,2 billones de pesos, equivalente al 19,3 por ciento del total del gasto público. Con la “Emergencia” ese dinero no irá a manos de bancos, fondos de inversión y poseedores individuales de bonos argentinos, sino que se redistribuirá en otras partidas del gasto público, lo que será un potente factor de estímulo de la demanda, por ejemplo en ingreso a los jubilados y pensionados.

*Docente e Investigador del área Estado y Políticas Públicas de FLACSO (Sede Argentina)